
Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre las que se encuentran regulaciones relacionadas con los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de disposiciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar anticipadamente sus aranceles.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por la administración de Javier Milei.
Según explicó el Poder Ejecutivo, las derogaciones apuntan a reducir la complejidad regulatoria y eliminar normas que habían perdido vigencia o que ya no contaban con sustento operativo.
“Las medidas buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”, señalaron los considerandos oficiales.
Fin de normas vinculadas al FETA
Entre las disposiciones derogadas se encuentran 22 normativas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el mecanismo creado para intervenir en la cadena triguera mediante subsidios y compensaciones.
El Gobierno argumentó que, tras la revocación del contrato y el proceso de liquidación del fideicomiso, la normativa complementaria vinculada a su funcionamiento quedó sin objeto y sin sustento legal.
“Toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación y operatividad de dicho Fondo ha quedado carente de objeto y de sustento legal”, indica la resolución.
Programas de consumo y financiamiento
La decisión también alcanzó a 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, además de una disposición complementaria asociada a Precios Cuidados.
Según el Ejecutivo, estos programas dejaron de estar vigentes al no haberse dispuesto su prórroga, por lo que la normativa relacionada perdió aplicabilidad.
En los fundamentos de la medida se sostiene que la no renovación de estos esquemas forma parte de un proceso de normalización del mercado crediticio orientado a restablecer señales de precios y reducir distorsiones en la asignación de recursos.
Cambios para los establecimientos educativos privados
Otra de las modificaciones alcanza a cuatro normas que exigían a las instituciones privadas de enseñanza informar previamente sus cuadros arancelarios.
De acuerdo con el Gobierno, ese mecanismo generaba distorsiones en la formación de precios y limitaba la capacidad de adaptación de los establecimientos frente a cambios en sus costos operativos.
La resolución sostiene que la obligación de comunicar los valores con anticipación y someterlos a revisión estatal generaba incertidumbre económica y restringía la posibilidad de adecuar los aranceles a las condiciones del mercado.
Simplificación administrativa
Asimismo, quedó derogada una normativa vinculada a mecanismos de atención para adolescentes consumidores que, según el Ejecutivo, duplicaba canales de gestión ya existentes.
El Gobierno indicó que la medida permitirá concentrar los reclamos en un único sistema especializado con el objetivo de agilizar los procesos de atención.
Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME señalaron que estas decisiones forman parte de una revisión integral de la normativa vigente iniciada en diciembre de 2023.
Según datos oficiales, con estas nuevas derogaciones ya suman 240 las normas eliminadas en el marco del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno para simplificar trámites, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa al marco legal vigente.